En convergencia entre historia y estudios mediales, este artículo analiza un conjunto de acusaciones periodísticas y debates parlamentarios en torno a la infiltración de propaganda peronista en la estación Radio El Mercurio durante 1953. El artículo detalla algunas de las principales controversias públicas surgidas a raíz de la propiedad de la emisora y la transmisión de noticias favorables acerca del gobierno de Juan Perón en Argentina (1946-1955) difundidas por la radioemisora, la cual enfrentó un proceso judicial y una acusación del Congreso chileno en el contexto de una inquietud más amplia sobre la injerencia del peronismo en Chile. El estudio identifica una de las primeras disputas políticas de la radio e ilustra la consolidación del medio, pasando de ser un entretenimiento cotidiano e innovación tecnológica a transformarse en plataforma activa de articulación política.

Las audiencias de CB 138 Radio El Mercurio escucharon una serie de ataques emitidos contra el Congreso chileno durante los primeros días de mayo de 1953 en las transmisiones del programa radial “Diario del Mediodía”, conducido por Enrique Fairlie, que iba tres veces a la semana, por 30 minutos. Según las transcripciones del libreto radial, las ofensas contra el Congreso, influenciadas por el gobierno argentino de Juan Domingo Perón (1946-1955), pueden resumirse en cinco puntos:

El Congreso está compuesto de gente ignorante.

Los senadores y diputados no merecen otro calificativo mejor que el de haraganes políticos.

El Congreso Nacional representa un gasto de más de 180 millones de pesos anuales substraídos a las arcas fiscales sin provecho alguno.

La acción del Poder Legislativo es inútil porque basta con el Gobierno para legislar.

La acción del Congreso perturba la obra administrativa del Poder Ejecutivo y, por esta razón, debe suprimirse (Maggi, 1957, p. 109).

Las acusaciones contra el cuerpo legislativo emitidas en el programa radial provocaron una serie de ácidos comentarios en la prensa escrita. En un editorial del 7 de agosto de 1953, la revista satírica Topaze denunciaba los esfuerzos del gobierno argentino por desprestigiar el parlamento chileno desde una estación radial santiaguina:

Es un secreto a voces que esta planta radiofónica se compró con dinero argentino. […] Persistentemente se le cantan loas al peronismo, y persistentemente también se ha dado en ofender a nuestra patria en la persona de sus representantes parlamentarios y en lo que un Congreso libremente elegido por el pueblo significa en una democracia (“El mito de la amistad”, 1953).

Una semana más tarde, el periódico ligado al Partido Radical, El Debate, se refería al insólito pedido de disolución del parlamento realizado en Radio El Mercurio, propiciado, en su opinión, por chilenos influidos desde el otro lado de los Andes.

Desde tiempo atrás Chile soporta una avalancha abrumadora de propaganda impresa. En los últimos tiempos, una radio, un noticiario luminoso y subterráneas penetraciones en algunos órganos de publicidad, al mismo tiempo que cantan loas al peronismo, trabajan incansablemente por provocar el derrumbe institucional. Naturalmente, su blanco favorito son los partidos políticos tradicionales y el Parlamento (“Penetración peronista”, 1953).

Sobre la base de estos antecedentes, este artículo propone que el incidente de Radio El Mercurio catalizó la relevancia política de la radio en el proceso histórico de politización de los medios de comunicación. La controversia suscitada a raíz de la intromisión peronista en la propiedad y contenidos de una radioemisora chilena contribuyó en la consolidación del espacio radial como espacio político. De esta manera, el estudio se enfoca en reconstruir las acusaciones de la prensa sobre los directores de la emisora, además de la férrea respuesta de los parlamentarios contra la infiltración peronista en Chile, forzando al poder político a considerar la radio como un asunto de Estado. Además de desencadenar una investigación judicial por ataques en contra del cuerpo legislativo, el incidente despertó una alerta sobre la penetración peronista que volvería a tomar fuerza en 1955, cuando el Congreso chileno organizó una Comisión Especial Investigadora de Actividades Peronistas en Chile, en la cual se confirmarían los profundos enlaces entre las autoridades argentinas y periodistas chilenos comprometidos con la causa peronista.

El caso de Radio El Mercurio se sumaba a una larga lista de imputaciones contra el régimen de Juan Domingo Perón (1946-1955), por la distribución de propaganda peronista durante la visita que el mandatario argentino realizó a su par chileno Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), en febrero de 1953. No obstante, la acción propagandística del gobierno argentino había comenzado años antes con el lanzamiento de la campaña presidencial de Ibáñez en Buenos Aires, en la cual sus partidarios gestionaron la distribución de afiches por agentes consulares argentinos y la “repatriación” de trescientos trabajadores chilenos para ir a votar en las elecciones de 1952 (Machinandiarena de Devoto, 2005; Zanatta, 2013). El proselitismo peronista buscaba adhesiones al proyecto de integración regional dirigido por Perón, quien intentaba formalizar una alianza entre Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago, por medio de una intensa actividad de difusión a través de audiciones radiales, artículos periodísticos y conferencias públicas en las que se dieran a conocer las virtudes del modelo peronista (Godoy, 2006). Para la mayoría de los observadores chilenos, estos esfuerzos proselitistas reforzaban la tesis de que el incidente de Radio El Mercurio constituía una prueba más de la intromisión peronista en la política interna chilena.

Tanto Perón como Ibáñez compartían objetivos similares para sus respectivos países: reducir la influencia del sistema de partidos; disminuir la dependencia extranjera en favor de la iniciativa estatal, y actuar independientemente de los Estados Unidos ( Bray, 1967 ). La evidente simpatía con que el gobierno argentino miraba al ibañismo contribuyó a otorgarle más electores en Chile, en un contexto en el que Perón fue opositor al presidente Gabriel González Videla (1946-1952), cuyo gobierno estaba integrado por partidos afines a la oposición en Argentina, especialmente radicales y socialistas. Producto de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1948 —la cual proscribió al Partido Comunista de Chile—, Perón consideró que Argentina debía tomar ventaja de la represión a los comunistas a través de la difusión de su doctrina peronista entre los trabajadores chilenos, buscando situarse como una “tercera fuerza” de influencia en el polarizado contexto de la Guerra Fría (Fermandois, 2016).

Efectivamente, Perón e Ibáñez buscaron aprobación popular a través del despliegue de propaganda política. Si bien ambos lograron imponer contenidos en la prensa oficialista, estos regímenes se caracterizaron por limitar voces opositoras, subrayando el carácter autoritario del peronismo (Panella, 2001; Da Orden & Melón, 2007; Sirvén, 2011 [1984]; Cane, 2012) e ibañismo (Santa Cruz, 2014; Acuña, 2022 ). Al igual que la dictadura militar (1943-1946) de la cual emergió Perón, este mantuvo un férreo control sobre las radioemisoras locales, limitando la música extranjera y restringiendo los vocablos en inglés (Claxton, 2007; Ehrick, 2015). Dado el constante monitoreo de medios, algunos opositores exiliados tuvieron que recurrir a transmisiones clandestinas en estaciones ubicadas en territorio uruguayo, al otro lado del Río de la Plata ( Fox, 2008 [1995]). En 1947, las autoridades peronistas crearon un monopolio de la radio controlando las principales estaciones nacionales, ya sea a través de propiedad estatal o a través de intermediarios serviles al gobierno (Karush, 2012). Perón nacionalizó las tres estaciones privadas de mayor alcance nacional: Radio Belgrano, Radio Splendid y Radio El Mundo, obligando a sus dueños a venderlas al gobierno a precios reducidos y concentrando sus tareas en el Servicio Internacional Radiofónico Argentino (SIRA), dependiente de la Subsecretaría de Informaciones. La administración peronista promulgó la Ley del Servicio de Radiodifusión, la cual sancionaba expresiones anti-argentinas y limitaba la publicidad comercial al 5% total de la emisión diaria ( Arribá, 2009 ). Según observadores chilenos de la época, el gobierno peronista controlaba casi la totalidad de lo que se transmitía desde las estaciones argentinas, sin perjuicio de su tuición indirecta sobre algunas emisoras situadas fuera de sus fronteras (Magnet, 1953). No obstante, no existen cifras exactas que permitan precisar el número de emisoras latinoamericanas bajo tutela argentina.

En Chile, Ibáñez del Campo llegó al poder en 1952 con la mayoría de los medios en su contra. La editorial Zig-Zag, cercana al Partido Liberal, se opuso enérgicamente al regreso de Ibáñez al poder recordando la tensa relación con la prensa durante su primera administración (1927-1931), particularmente cuando confiscó el diario La Nación colocándolo bajo control de su gobierno. Cuando Ibáñez regresó para un segundo mandato, desconfió aún más de los medios, limitando el número de estaciones de radio que podían operar a nivel nacional. Al explicar su visión de la libertad de prensa en el discurso inaugural del Congreso Mundial de Periodistas celebrado en Santiago en 1952, Ibáñez declaró: “La libertad de prensa suele convertirse en monopolio informativo de gobiernos o de grupos políticos o económicos que subordinan el interés de los pueblos y de la colectividad a sus propios intereses” (Valdebenito, 1958, p. 116). Ibáñez criticaba los monopolios y la concentración de medios, distanciándose, al menos discursivamente, del rígido control vertical de Perón sobre la prensa en Argentina, donde el Estado asumía un rol preponderante en la política de medios. Sin embargo, en la práctica, Ibáñez hizo uso regular de la Ley de Defensa de la Democracia, arrestando a periodistas y clausurando periódicos opositores. Quien experimentó de cerca la censura ibañista fue Luis Hernández Parker, redactor político de Ercilla y reconocida voz de Radio Minería. El 27 de octubre de 1954, Ibáñez ordenó la detención del periodista debido a un comentario en su programa radial “Tribuna Política”, en el cual se criticaba el Estado de Sitio que Ibáñez quería decretar ante las crecientes movilizaciones en su contra (Hott & Larraín, 2001). Si bien Ibáñez cedió ante las gestiones del Colegio de Periodistas, la detención de Hernández solo provocó mayor enemistad entre Ibáñez y la prensa, y a su vez, aumentó las comparaciones con Perón.

El estilo antipartidista de Ibáñez, reflejado durante su campaña con el símbolo de la escoba para “barrer con la politiquería”, más que cualquier programa reformista, lo hizo aparecer como un líder demagogo, al igual que su declarada admiración por la Argentina peronista. A pesar de su larga trayectoria en la política chilena y su exitosa campaña electoral en 1952, Ibáñez se basó en gran medida en el modelo peronista para su propuesta de gobierno en el contexto institucional chileno. Al igual que Perón, Ibáñez buscó distanciarse de su pasado militar y autoritario presentándose como un demócrata y realizador. No obstante, a diferencia de Perón, Ibáñez no era un buen orador y sus discursos radiales eran tediosos y extensos (Würth, 1958).

Si bien la propaganda puede tomar forma hablada, escrita, pictórica, o musical, la persuasión auditiva ha demostrado tener importantes consecuencias políticas, particularmente durante el período entreguerras, cuando regímenes autoritarios en todo el orbe ofrecían demostraciones prácticas de lo que podía lograr el monopolio de la propaganda sonora ( Goodman, 2018 ). La capacidad invisible, efímera y transfronteriza de la radio marcaron el comienzo de un mundo moderno capaz de acercar el espacio político a las audiencias masivas, muchas de las cuales eran analfabetas. No obstante, la propaganda entendida como un conjunto de mensajes diseñados para manipular la opinión pública contiene una connotación negativa que limita cualquier tipo de capacidad crítica entre los actores del proceso comunicacional. La propaganda, más bien, es un fenómeno histórico y un espacio polisémico en permanente disputa cultural. La propaganda puede definirse como información difundida públicamente que sirve para influir en las acciones y creencias de otros (Auerbach & Castronovo, 2013).

Ahora bien, cuando se piensa en “propaganda peronista”, calificada hasta hace algún tiempo con la etiqueta de “fascista” y que se le aplicó al peronismo por parte de los sectores opositores y algunos investigadores que analizaron la relación entre Perón y los medios, se tiende a enfatizar la construcción de figuras icónicas como las de Juan Domingo Perón y Eva Duarte (Evita), y a equiparar el peronismo con los regímenes totalitarios europeos. Indudablemente, la radio fue una herramienta fundamental para la exaltación de estas personalidades, pero más importante aún fue un medio que transmitió sensibilidades, conceptos y sonidos que desdibujaron la frontera entre lo público y lo privado, al ingresar la política al interior de los hogares. En esa línea, varios investigadores han explorado la “peronización de la vida cotidiana” en múltiples espacios como la educación, la música, la prensa y el cine, es decir, en escenarios donde el peronismo fue producido, impugnado, reformulado y censurado (Plotkin, 2002; Gené, 2005; Kriger, 2009).

Otro grupo de historiadores ha prestado atención a los vínculos entre radio y política en Argentina, perceptibles, precisamente, en la tendencia del peronismo en recurrir al lenguaje melodramático del tango, fútbol y radioteatro para articular parte de su discurso político. El uso frecuente de metáforas deportivas y canciones populares por parte de Perón expresaba afinidad con la cultura popular de Argentina. Esto no significa que Perón utilizara los medios de comunicación para manipular a las masas o que la radio fuera simplemente una herramienta de propaganda al servicio del Estado (Matallana, 2006; Lindenboim, 2021 ). Mathew Karush, por ejemplo, argumenta que las producciones de radio de las décadas de 1920 y 1930 reforzaron el antagonismo entre “oligarquía” y “pueblo” que Perón aprovechó de explotar discursivamente en las décadas de 1940 y 1950. En ese sentido, el estudio de Karush se separa de la premisa tradicional que concibe la radio como medio unificador de la nación, ya que, más bien, tendió a concebir un país polarizado. Así, el enfoque de Karush (2012) sugiere que el peronismo no solo fue un subproducto de movimientos políticos y factores socioeconómicos, sino que también el resultado de manifestaciones particulares de la cultura de masas.

En Chile, la historiografía sobre radio enfatiza dinámicas estructurales de evolución tecnológica, asuntos de propiedad y dependencia internacional ( Pastene, 2007 ; Rivera, 2008 ; Paredes, 2012; Salgado, 2020 ). La mayoría de los trabajos se centran en la fricción entre el poder político y los medios, que alcanzó su punto máximo desde fines de la década de 1960 hasta el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, antes de que las estaciones radiales fueran intervenidas por los militares. De acuerdo con el estudio de Ericka Verba, la polarización de Chile en los programas musicales surgió en la década de 1950, precisamente en un momento de masificación de la radio antes de la introducción gradual de la televisión. Verba (2007 ) se concentra en la figura de la folclorista Violeta Parra, símbolo de autenticidad popular levantada por parte de la izquierda en el polarizado campo de la cultura popular chilena, especialmente porque sus canciones ofrecían un tipo alternativo de nacionalismo al patriotismo conservador de la derecha. Verba utiliza el ejemplo de Parra para discutir las fuerzas contra-hegemónicas frente al creciente dominio de las ondas radiales por parte de música proveniente de Argentina, México y Estados Unidos. La atención de Verba hacia la música folclórica ofrece una importante muestra para pensar críticamente sobre la radio como un espacio sonoro en permanente disputa ideológica.

Sorprendentemente, se ha escrito poco sobre el rol de la radio en la forja de culturas políticas transnacionales. En general, la historiografía toma el Estado-nación como unidad de análisis privilegiando la palabra escrita bajo los contornos nacionales, sin considerar los vínculos entre sociedades que comparten procesos políticos, costumbres culturales y fronteras geográficas. Si bien la radio consolidó la identidad nacional, también promovió lazos transnacionales entre radios de países vecinos. Aunque las trayectorias de la radio argentina y chilena tomaron caminos distintos en cuanto a políticas regulatorias y naturaleza comercial, las transmisiones fomentaron la creación de un espacio sonoro compartido, que se producía simultáneamente en ambos países. Según un índice sobre los hábitos de audición radiofónica de Santiago, elaborado en 1939, un receptor promedio de cinco tubos con bandas de onda larga y corta ofrece muy bien las estaciones locales de onda larga, la onda corta de Argentina y otras estaciones extranjeras ( Paredes, 2010 , p. 318). Como argumenta Dolores Casillas (2017 ) para el caso de borderland radio entre Estados Unidos y México, “las prácticas orales ayudan a hacer circular historias, archivar experiencias y fortalecer lazos emocionales de los oyentes con lealtades a más de una cultura, idioma o nación” (p. 181). Si las potentes frecuencias de las emisoras argentinas traspasaban la frontera andina —concentrando su mayor atención los domingos cuando varios receptores lograban capturar las ondas que transmitían partidos de fútbol—, la radio creó nuevas formas de imaginar la cotidianeidad de países vecinos, sus culturas populares, sus voces y acentos, borrando diferencias culturales entre argentinos y chilenos.

Analizar la propaganda sonora del peronismo en Chile implica abordar dos desafíos metodológicos. En primer lugar, considerando la escasez de registros sonoros, los medios impresos son una ventana crucial para historizar la radio. Desde la década de 1920, periódicos y revistas se llenaron de cartillas de programación y secciones sobre cómo reparar equipos receptores. Si bien la radio permitió nuevas formas de imaginar la política, no necesariamente desplazó la lectura de noticias a través de la prensa. Ambos medios interactuaron constantemente permitiendo a las audiencias combinar información escrita y oral. Por ende, la historia de la radio está profundamente ligada a la historia de la prensa y no deben entenderse como aisladas entre sí.

Para el caso particular de Radio El Mercurio, resulta necesario estudiar la formación de opinión pública a partir de estrategias periodísticas, es decir, un conjunto de objetivos y definiciones ideológico-culturales, comunicacionales y empresariales que, combinadas entre sí, le dan un perfil propio al medio (Santa Cruz, 2014). El análisis de contenido de los medios escritos de Santiago frente al peronismo puede iluminar algunos aspectos sobre el incidente de Radio El Mercurio y, a modo más amplio, otorgar algunas pistas sobre el rol jugado por los medios de comunicación en la representación de modelos políticos extranjeros. Entre los espacios informativos más susceptibles de análisis se considera la lectura de noticias alusivas al proselitismo peronista, con especial foco en editoriales, columnas de opinión, noticias breves, crónicas, entrevistas y reportajes. Al interior de estos espacios informativos fue posible identificar debates parlamentarios reproducidos en la prensa escrita, así como también transcripciones de prensa argentina que aludían al incidente radial en Chile. Es importante consignar que los artículos de prensa recopilados que aluden al incidente, en su mayoría, no están firmados, dejando la autoría anónima o a nombre de la publicación. En un contexto de acusaciones sobre espionaje internacional entre periodistas, parlamentarios y agentes diplomáticos, el resguardo de la identidad constituyó una característica notoria en los debates periodísticos sobre el espacio sonoro.

El segundo desafío radica en concentrar la revisión de medios escritos a un lapso cronológico reducido en función del período en el cual la prensa debatió las denuncias de propaganda peronista en Radio El Mercurio. Con una muestra total de 8 publicaciones, 964 números revisados y un total de 23 menciones periodísticas entre mayo y diciembre de 1953, los espacios informativos alusivos al incidente de Radio El Mercurio corresponden a: editoriales y columnas de opinión (30,4%); noticias breves y crónicas (39,1%); entrevistas (8,6%); y reportajes (21,7%) (Tabla 1).

Radio El Mercurio emerge en 1925 en la azotea del diario homónimo y producto de una serie de experimentaciones entre radioescuchas aficionados y empresarios de la prensa. Luego de varios intentos, el diario El Mercurio facilitó sus instalaciones y equipos para las primeras transmisiones deportivas y conciertos de piano entre los escasos receptores que existían en Chile. A diferencia de la rápida difusión de la radio en Buenos Aires, Santiago tenía sólo 200 receptores de radio en 1923, todos importados directamente de Estados Unidos (Lasagni et al., 1985). Pese a que estos productos podían utilizarse en hogares de clase media o alta que contaban con electricidad, en menos de diez años, la cifra aumentó significativamente a cerca de 40.000 aparatos de radio (Rinke, 2002). En aquel entonces, los periódicos manejaban sus propias estaciones para defenderse de la competencia de las radios independientes, así como también para aprovechar sus conexiones más sólidas con los cables internacionales. Radio La Nación, propiedad del diario del mismo nombre, leía el noticiero argentino y retransmitía las peleas de boxeo con megáfonos afuera del edificio del periódico (Rinke, 2002). Por su parte, Radio El Mercurio se enfocaba en transmisiones de fútbol, con breves resúmenes noticiosos y un abundante segmento comercial. Desde 1936, la estación incrementó su audiencia gracias al programa “Clínica del Deporte”, dirigido por el multifacético dramaturgo Carlos Cariola, cuando la emisora pertenecía al periódico del mismo nombre y en el cual una serie de comentaristas comentaban el domingo deportivo.

Si bien la radio en Chile se concibió inicialmente como una actividad comercial desarrollada por empresas privadas, el Estado mostró temprano interés en regularla. En 1925, la junta militar que depuso al presidente Arturo Alessandri (1920-1925) promulgó la primera Ley General de Servicios Eléctricos y supervisó la importación de tecnología de transmisión. Ello implicó la transformación de los radioaficionados en técnicos de radiotelefonía y en la emergente condición de broadcaster ( Paredes, 2013 ). Las radios chilenas no lograron escapar del control autoritario de la primera administración de Ibáñez, quien, en 1927, emitió una prohibición formal contra Radio El Diario Ilustrado, a cargo del periódico del mismo nombre, porque su línea editorial era opositora al gobierno ( Pastene, 2007 ). Solo días antes de su dimisión en 1931, Ibáñez creó el Servicio Nacional de Radiodifusión, una agencia estatal dependiente del Ministerio del Interior que regulaba el trabajo de electricistas, operadores y reporteros de radiodifusión. Posteriormente, las administraciones de Arturo Alessandri (1932-1938) y Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) fracasaron en sus intentos de crear una radioemisora dirigida por el Estado. En 1933, Alessandri promulgó un decreto para reservar una frecuencia exclusiva para el Estado, sin embargo, el lanzamiento de la emisora ​​se interrumpió cuando el inesperado triunfo del Frente Popular cambió estos planes. Además, el devastador terremoto de 1939 limitó los recursos públicos para invertir en radiodifusión estatal. En julio de 1940, Aguirre Cerda introdujo tres nuevos requisitos para las estaciones: una hora diaria de información relacionada con el gobierno; un límite de 15 minutos por hora en publicidad (no más del 25% de las transmisiones diarias); y programación de contenidos estandarizados con preferencia por música, radionovelas, noticias y deportes ( Paredes, 2010 ).

El rápido crecimiento de la radio en Chile atrajo varias celebridades argentinas. El caso más notorio es el de Tito Martínez, un reconocido locutor que arribó a Chile en 1942 para narrar los partidos de fútbol en Radio Agricultura, la emisora más grande de Santiago. La voz de Martínez sedujo a muchos oyentes chilenos que celebraron su estilo durante las transmisiones. Su éxito motivó a que la Asociación Central de Fútbol de Chile (ACF) otorgara derechos exclusivos de transmisión de fútbol a Radio Agricultura ( Acuña, 2021 ). La presencia de Martínez en la radio chilena abrió oportunidades en el espacio sonoro chileno para otros destacados comunicadores hispanoparlantes, incluyendo la actriz argentina María Esther Gamas y el actor español-argentino José Sánchez Corral. Para 1950, la presencia de voces argentinas en las emisoras chilenas era una cualidad perceptible en el paisaje sonoro chileno. A esto se sumó el impulso por transmisiones conjuntas, tal como ocurrió durante los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en 1951. Un acuerdo entre Radio Belgrano de Buenos Aires y radios Agricultura, Minería y La Americana permitió a miles de chilenos escuchar el discurso inaugural de Perón en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón de Avellaneda.

Pero la presencia de voces extranjeras inquietó a las autoridades chilenas. Con el objetivo de monitorear las radios del país, el gobierno creó la Dirección General de Informaciones y Cultura (DGIC), dependiente del Ministerio del Interior. En 1944, la DGIC promulgó el Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión que decretaba la supervisión estatal de todo el contenido radial en el país, prohibiendo la transmisión de propaganda bélica, sancionando el lenguaje obsceno y limitando el contenido extranjero. El decreto exigía que el 70% de los contenidos culturales (música, radioteatro, deportes) estuvieran vocalizados por ciudadanos chilenos, estipulando que los locutores de radio “deben mostrar actas de nacimiento, edad y educación secundaria; [y] tratándose de extranjeros, deberán acompañar dos cartas de nacionales que no sean funcionarios públicos” (DGIC, 1944, p. 9). Las reformas a la radiodifusión estuvieron en el centro del proyecto cultural del Frente Popular y reflejaron campañas educativas dirigidas a sectores medios y populares, que incluyeron nuevos campos deportivos, bibliotecas barriales y radios comunitarias.

Pese a las nuevas restricciones sobre presencia extranjera en la radio chilena, la embajada de Argentina en Santiago consideraba pertinente contrarrestar la percepción negativa chilena sobre la dictadura argentina instaurada en 1943. El embajador argentino, Carlos Güiraldes, se reunió con Clemente Díaz León, director de El Mercurio, el periódico de mayor circulación nacional y cuyos artículos habían sido los menos hostiles hacia Argentina. La intención de Güiraldes era organizar una campaña que diera valor positivo al gobierno argentino en, al menos, una de las cien radiodifusoras que transmitían en la banda de amplitud modulada (AM). Güiraldes apuntó a radios que tuvieran alta potencia. Con 6.000 Watts (solo superada por Radio Agricultura con 7.500), Radio El Mercurio aparecía como opción (Machinandiarena de Devoto 2005). El 22 de mayo de 1944, El Mercurio transfirió la concesión de la emisora a la Sociedad Radiodifusora La Mercantil S.A. dirigida por el empresario Mauricio Arnoff Soto, quien tenía el 60% de las acciones. No obstante, enterados de que Radio El Mercurio ya no era una dependencia del diario homónimo, sino una empresa independiente, el embajador perdió interés y desistió incluir la emisora en sus pretensiones proselitistas (Machinandiarena de Devoto, 2005).

El triunfo presidencial de Ibáñez en 1952 cambió el escenario y con ello el influjo de la cultura argentina volvió a sentirse en el espacio radial chileno. La favorable relación entre los gobiernos peronista e ibañista facilitó una serie de acuerdos durante la visita del mandatario argentino a Chile en 1953, particularmente en el plano económico (unión aduanera y libre tránsito de mercancías) y cultural (fomento al turismo y promoción artística). Precisamente, la visita diplomática reflotó temores sobre la penetración peronista en Chile, luego de que la delegación argentina regalara monedas, banderines y cientos de balones de fútbol cuando el tren se detenía en cada pueblo (Luna, 2013, p. 17).

Si bien Perón intentó borrar los tonos fascistas de la dictadura al empoderar a las clases trabajadoras a partir de una innovadora legislación social, sus antecedentes autoritarios incomodaban profundamente a los periodistas chilenos. Uno de los primeros periódicos en advertir que Radio El Mercurio demostraba un propósito proselitista en Chile fue El Debate, cercano al Partido Radical. En primera plana, el periódico afirmaba que la estación había sido comprada por el gobierno argentino a través de un agente secreto (“¿Radio El Mercurio comprada por el Gobierno de Argentina?”, 1953). La nota era representativa de la persistente crítica del Partido Radical tanto a Perón como a Ibáñez, regularmente tildados como fascistas y totalitarios. Unos días más tarde, se sumó El Diario Ilustrado, de tendencia conservadora y ligado al clero. El periódico acusaba a Perón de interferir en la soberanía nacional valiéndose de propaganda radial. Advirtiendo el poder del medio sonoro, señalaba: “las radios han pasado a ser en la actualidad medios de propaganda eficaz y a la vez peligrosa; pues, atendida su forma de actuar, pueden lanzar al espacio opiniones o noticias que en un instante lograrían provocar una revuelta y un desastre” (“¿Radio extranjera?”, 1953). En un tono más indirecto, la revista Ercilla especulaba con la posibilidad de que Radio El Mercurio transmitiera un “serial justicialista” y apuntaba a Arnoff como el encargado de esparcir propaganda peronista en las radios chilenas (“¿Transmitirá Radio El Mercurio serial justicialista?”, 1953).

Las acusaciones de la prensa no distaban de la discusión que simultáneamente acontecía en el Senado. El 29 de julio de 1953, el senador radical Exequiel González Madariaga denunciaba al programa “Diario del Mediodía” porque en sus transmisiones se vertían expresiones antipatrióticas que ridiculizaban los preceptos democráticos. Al día siguiente, según consignó El Debate, el vicepresidente del Senado, el socialista Salvador Allende, formuló una protesta por los conceptos emitidos en la audición, solicitando una investigación al Gobierno (“El Senado protestó ante el Gobierno”, 1953). Junto con las diligencias parlamentarias, el diario oficialista La Nación informó sobre la investigación judicial dirigida por Santiago Elgueta, quien debía indagar en mayor detalle la presencia de dineros foráneos en la compra de la radioemisora (“Koch interesado en que se esclarezca el caso de Radio El Mercurio”, 1953). Luego de acceder a los libretos y recopilar información sobre la adquisición de la estación, el Senado acusó formalmente a Radio El Mercurio por cuestionar la legitimidad del Congreso e intentar socavar el régimen democrático para facilitar el advenimiento de un gobierno de inspiración peronista. Según lo expuesto, el plan había sido orquestado entre: Mauricio Arnoff (propietario de la emisora), Enrique Fairlie (locutor de “Diario del Mediodía”), José Dolores Vásquez (director de la DGIC) y Miguel Ruiz (técnico radial de SIRA). Para el senador radical González Madariaga era imposible que Arnoff se hiciera con el 60% de una radioemisora sin ayuda externa, ya que carecía del capital necesario para hacer semejante inversión. El diario El Mercurio agregó también que como experto técnico actuaba Ruiz, quien había llegado a Chile como miembro de la comitiva de Perón y se había establecido en el país para distribuir programas a las emisoras chilenas, aparentemente destinados a promover el turismo en Argentina (“Graves cargos sobre financiamiento de emisora”, 1953). El senador expresó que lo que se había dicho contra el Congreso caía dentro de la legislación penal, especialmente las afirmaciones del editorialista Fairlie, en el sentido de que la labor legisladora del Congreso podía ser desempeñada por el Ejecutivo con mucho más provecho, postulando de esa forma la supresión del Parlamento. En una nota de El Diario Ilustrado, González Madariaga concluía que dicha campaña subversiva estaba destinada a derribar el régimen democrático chileno (“Costeada con dinero foráneo…”, 1953).

En su defensa, Arnoff declaró que a él solo le pertenecían el 50% de las acciones de la emisora, desmintiendo que Radio El Mercurio hubiera sido comprada por el gobierno argentino. El 20 de agosto de 1953, el magistrado Elgueta, dictó una orden de arresto. Pero tanto Arnoff como Fairlie se encontraban en Argentina, de donde solo regresó el primero para ponerse a disposición de la justicia. Arnoff quedó detenido e incomunicado mientras Fairlie se mantuvo prófugo. A fines de septiembre de 1953, Arnoff fue entrevistado en la cárcel por la revista Vea, donde explicó que sus viajes a Buenos Aires no tenían relación con Perón ya que viajaba en búsqueda de auspiciadores. Al final de la entrevista añadió: “Creo que es un disparate decir que por atacar a un poder del Estado, la radio estaba financiada por el Gobierno argentino” (“Cortocircuito en Radio El Mercurio”, 1953).

La única publicación que creyó la versión de Arnoff fue la revista Que Hay? dirigida por el adherente ibañista Moisés Silva. En un extenso artículo de octubre de 1953, la publicación declaraba que no existían pruebas suficientes para culpar al Gobierno ni a la radio. Además, criticaba el actuar de Fairlie como prófugo “mientras el señor Arnoff padecía las durezas de la incomunicación y se le sometía a una prisión que no admitía excarcelaciones” (“Se descorre el velo en lo de Radio El Mercurio”, 1953). Manuel Vittini, redactor del tabloide Las Noticias de Última Hora y declarado defensor del peronismo en Chile, cuestionó la duración del proceso judicial y defendió la propaganda peronista en los medios chilenos:

Se metió una bulla tremenda con lo de Radio El Mercurio. Se siguió un proceso y el resultado fue cero… Pero la copucha sigue porque encuentra terreno propicio a la difamación […]. Propaganda hace todo el mundo, desde el más modesto comerciante hasta el político o intelectual más empingorotado. La hacen a su manera y de mil modos, desde aquella que se infiltra sutil en la zalema o en el auto bombo hasta esa que aflora en los banquetes en discursos rimbombantes. No protestemos contra la propaganda, porque la propaganda es necesaria para dar a conocer las ideas nuevas, sobre todo cuando esas ideas trasplantadas a nuestro ambiente nos podrían sacar del marasmo en que vivimos (Vittini, 1953, p. 113).

Pero Vittini se equivocaba. Tras 40 días de detención, Arnoff fue finalmente condenado a tres años de cárcel como responsable —aunque no autor— de injurias graves contra un poder constitucional, según publicó la revista Ercilla (“Triángulo en Radio El Mercurio”, 1953). Sin embargo, la Corte no encontró méritos suficientes para aplicarle la Ley de Defensa de la Democracia, al no comprobarse la injerencia peronista en la adquisición de la emisora. Sobre la complicidad del Gobierno en la trama de Radio El Mercurio, la investigación arrojó que los libretos de “Diario del Mediodía” habían sido autorizados por José Dolores Vásquez, quien, al momento de ser requerido para enviar copias al Senado, sustituyó los originales con copias adulteradas que no contenían las injurias lanzadas al poder legislativo, entrabando la acción judicial. Con estos antecedentes, el Senado solicitó su remoción inmediata del Gobierno, de acuerdo a la revista Ercilla (“Proceso de Radio El Mercurio sigue penando”, 1953).

Aunque la controversia de Radio El Mercurio —que dejó a la estación sin nombre tras una demanda paralela del diario homónimo— terminará con un encarcelado (Arnoff), un prófugo (Fairlie) y un funcionario de Gobierno removido (Dolores Vásquez), las sospechas de penetración peronista en los medios de comunicación persistieron incluso tras el derrocamiento de Perón en 1955. La posibilidad del exilio en Chile alertó a la prensa local que recordó el episodio de Radio El Mercurio involucrando directamente al propio Perón ( González, 1955). Paralelamente, el Congreso estableció una Comisión Especial Investigadora sobre Actividades Peronistas en Chile para recopilar todos los antecedentes que acreditaran la intromisión argentina en partidos políticos, fuerzas armadas, sindicatos y medios de comunicación. Tras el caso de Radio El Mercurio, las emisoras pasaron a ser objeto de investigación en tanto figuraban como susceptibles a la infiltración extranjera. De acuerdo con el Informe de la Comisión presentado el 26 de junio de 1956, la penetración del peronismo en los medios chilenos se había efectuado desde la inserción de artículos impresos hasta intentos de obtener radioemisoras ( Acuña, 2022 ). El Informe ratificaba que Radio El Mercurio había sido adquirida como instrumento de propaganda desde donde se buscaba conquistar la simpatía de los auditores chilenos.

Una lectura historizada del incidente de Radio El Mercurio no sólo ilustra la politización de los medios de comunicación masivos, sino que también revela la importancia del espacio sonoro como escenario de intercambio político transnacional. Para miles de oyentes chilenos, sintonizar las frecuencias argentinas —y, por consecuencia, escuchar las voces y sonidos del peronismo— implicó una serie de cruces acústicos transfronterizos que los inventores de la radio jamás imaginaron. El peculiar caso de Radio El Mercurio permite examinar una de las primeras polémicas políticas en torno a la radio, en la cual se acusó a un grupo de comunicadores chilenos que estuvieron dispuestos a “cruzar la frontera” y unirse a la causa peronista. La controversia periodística sobre la propaganda peronista en una radioemisora chilena se transformó en un asunto de discusión parlamentaria, en el cual una serie de actores políticos y mediáticos condenaron la información difundida por Radio El Mercurio tildándola de propaganda extranjera que buscaba influir en las acciones y creencias de las audiencias locales.

Alertados sobre la intromisión argentina en una radioemisora chilena, editores y columnistas respondieron con una mezcla de optimismo y desconfianza, ya que en un principio consideraron que la radiodifusión podía transmitir mensajes eficazmente a grandes multitudes; pero, posteriormente, su utilización implicaba riesgos, ya que las opiniones vertidas al aire podían tener consecuencias potencialmente peligrosas para la democracia chilena. Con excepción de la prensa oficialista y algunos simpatizantes ibañistas aislados, la mayoría de los medios impresos manifestaron su desaprobación hacia la adquisición argentina de Radio El Mercurio, solicitando la intervención de las autoridades y un castigo ejemplar a los involucrados. Los parlamentarios llamaron a fortalecer el tutelaje estatal sobre las emisoras para evitar su instrumentalización, haciendo eco de las ansiedades que provocaba el espacio sonoro como espacio político. En cierto sentido, los debates parlamentarios suscitados por el caso de Radio El Mercurio reflejaron el comienzo de una batalla más duradera por los espacios mediáticos (Riquelme, 1984). Esto especialmente ocurrió a partir de la importación de radiotransmisores portátiles, la aparición de la frecuencia modulada (FM) y la incorporación de la televisión en la década de 1960 ( Pastene, 2007 ), momento en el cual la hegemonía de los medios escritos fue paulatinamente desafiada por radioemisoras con mayor alcance y autonomía.